Arequipa: Juez revoca condena contra dirigente antiminero Pepe Julio Gutiérrez

Rosario Aronés C.@RaCnova

El juez de investigación preparatoria del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar en Arequipa Gino Valdivia Sorrentino revocó la condena de cuatro años de prisión suspendida por cuatro años de pena efectiva para el dirigente antiminero Pepe Julio Gutiérrez Zeballos que se le impuso entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos durante disturbios producidos en abril de 2010.

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El magistrado dispuso esta medida contra Gutiérrez y otros cinco dirigentes antimineros del valle de Tambo por no cumplir con el pago integral solidario de la 20 mil soles de reparación civil que se les impuso por el delito de entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos durante disturbios en abril del 2010.

Los procesados son investigado por el supuesto negociado con la empresa minera Southern, a la que le exige dinero para levantar la huelga que se acata en el Valle de Tambo.

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En audiencia realizada en el penal de Socabaya, el magistrado tomó la decisión de cambiar la condena de cuatro años de pena (suspendida por tres años) a cuatro años de carcelería efectiva.

ORDENÓ CAPTURA 

A la  audiencia no acudieron los sentenciados, incluído Gutiérrez Zeballos porque se encontraba en una revisión médica oftalmológica, pero en ausencia de los imputados,  el magistrado dictó las órdenes de captura contra José Luis Chiapa Díaz, Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos, Milton Abramonte Cienfuegos, Huber Efraín Puma Puma y Rubén Quispe Ccolla.

En el caso de Gutiérrez Zeballos, dispuso la ejecución de la sentencia, ya que el dirigente se encuentra con prisión preventiva por el caso referido a los supuestos hechos de extorsión que se habrían producido en los disturbios del año pasado contra la minera Southern Perú.

Los  dirigentes fueron condenados el 18 de agosto de 2014 por el Juzgado Penal Unipersonal de Mollendo a cuatro años de pena suspendida por tres años y al pago de 20 mil nuevos soles de reparación civil, decisión judicial que fue confirmada por la Primera Sala Penal de Apelaciones.