Ministerio Público formalizó investigación preparatoria contra ex contralor Edgar Alarcón

El Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria contra el ex contralor de la República, Edgar Alarcón Tejada por los presuntos pagos irregulares que hizo cuando estuvo a cargo de la Contraloría, a 121 ex funcionarios de dicha institución desde el año 2010

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Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria contra Edgar Alarcón
Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria contra Edgar Alarcón

El Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria contra el ex contralor de la República, Edgar Alarcón Tejada por los presuntos pagos irregulares que hizo cuando estuvo a cargo de la Contraloría, a 121 ex funcionarios de dicha institución desde el año 2010.

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La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de Zoila Sueno Chirinos, declaró complejo el caso al tratarse de 121 personas investigados por el presunto delito de peculado doloso en agravio del Estado y dispuso investigar por el término de ocho meses.

El ex contralor Edgar Alarcón es investigado por como autor del presunto delito de peculado doloso en agravio del Estado.

De acuerdo a la investigación fiscal, Edgar Alarcón Tejada realizó 121 convenios de término de contrato de trabajo por mutuo disenso los que se habrían celebrado bajo la anuencia del investigado, quien se desempeñó como gerente general de la institución en el 2010, entre ellas la madre de dos hijos del ex contralor, Marcela Mejía Franco quien se habría beneficiado con 127 mil soles.

Dichos convenios se habrían reallizado contraviniendo diversas disposiciones, como la del Ministerio de Economía y Finanzas donde  se establece que debe contarse con un informe favorable de este portafolio.

De esta manera más de un centenar de servidores de la Contraloría General de la República se habrían beneficiado con el pago de incentivos de un sueldo y medio por año, ocasionando con ello un grave perjuicio al Estado pues ese beneficio solo se da en casos en que un trabajador es despedido arbitrariamente.

La disposición fiscal comprende a 118 funcionarios de la Contraloría, quienes habrían actuado irregularmente en la emisión de las liquidaciones por beneficios sociales y aprobación de comprobantes de pago, pese a tener conocimiento que ello era ilegal pues contaban con un informe de la Gerencia Legal de dicho organismo en que se indicaba sobre la irregularidad de dichos actos.

Entre los funcionarios comprendidos se encuentran, los ex gerentes de Gestión y Desarrollo Humano de la Contraloría, María Teresa Merino Caballero, Carlos Manuel Ureta Solis, Hugo Ricardo Matallana Vergara, Carla Patricia Gutiérrez Ramírez y Raúl Martín Ramírez Jara, los ex gerentes de Finanzas, Esperanza Varillas Vivas y Nimia Chin Arca, Julio Córdova Velásquez y Juan José Ávila.

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El Ministerio Público, comprendió en la investigación al alcalde de La Molina, Juan Carlos Zurek, por haber permitido la contratación de Marcela Mejía como asesora del Órgano de Control Institucional (OCI) de dicha comuna, pese a no reunir los requisitos para ejercer el cargo.

Por ello deberán afrontar también una investigación por presuntos delitos de colusión agravada, nombramiento y aceptación indebida de cargo público.

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