Ministerio Público solicitó 7 y 6 años de cárcel para dos ex funcionarios de Gasoducto Sur Peruano

El Ministerio Público solicitó 7 años de prisión para el ex presidente del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, Edgard Ramírez Cadenillas.

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Ministerio Público solicitó 7 y 6 años de prisión para dos ex funcionarios de Gasoducto Sur Peruano
Ministerio Público solicitó 7 y 6 años de prisión para dos ex funcionarios de Gasoducto Sur Peruano

El Ministerio Público solicitó 7 años de prisión contra el ex presidente del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, Edgard Ramírez Cadenillas, tras ser acusado presuntamente por favorecer a la empresa Odebrecht en la adjudicación del megaproyecto que implementaba el gobierno peruano con el Gasoducto Sur Peruano.

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Edgar Ramírez es acusado presuntamente por haber favorecido irregularmente al Consorcio Gasoducto Sur Peruano, integrado por Odebrecht y Enagás, en la adjudicación del proyecto denominado "Mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del Gasoducto Sur Peruano".

El proceso de adjudicación del Gasoducto del Sur fue por casi  7.3 mil millones de dólares y se dio durante el gobierno de Ollanta Humala.

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El titular del Tercer Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, pide además seis años y seis meses de pena privativa de la libertad, contra Claudia Teresa Hokama Kuwae, representante del Consorcio Gasoducto Sur Peruano que resultó ganadora del proceso, tras ser acusada como cómplice primaria del delito de colusión agravada.

El fiscal anticorrupción Reynaldo Abia Arrieta, acusa al ex funcionario de Proinversión por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible. El requerimiento acusatorio fue presentado ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima.

Durante la investigación, se llegó acreditar el vínculo que mantenían Ramírez Cadenillas y Hokama Kuwae, lo cual habría sido aprovechado para favorecer a Odebrecht en la adjudicación del megaproyecto que implementaba el gobierno peruano con el fin de proveer de gas natural a las regiones del sur del país.

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Se pudo determinar que hubo una concertación ilegal entre ambos para descalificar irregularmente al Consorcio Gasoducto Peruano del Sur, que era el otro postor en el concurso público, favoreciendo de esa manera a la firma Gasoducto Sur Peruano, originando con ello un perjuicio económico al Estado ascendente a 136 millones de dólares.

La investigación permitió establecer también los vínculos entre Ramírez Cadenillas y la empresa Odebrecht, ya que se pudo conocer que prestó servicios de consultoría para la misma empresa, grupo económico en el cual Hokama Kuwae también laboraba. 

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Además, brindó asesorías a la empresa Kuntur Transportadora de Gas, así como a Osinergmin y a Proinversión, relacionadas al mismo proyecto, por lo que ambos perseguían intereses comunes.

Así mismo, existe otra investigación por este caso en el que está involucrada la ex primera dama Nadine Heredia y que está a cargo del equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato.

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