Corte Suprema dictó 9 meses de prisión contra juez superior por pedir coima

La Corte Suprema dictó 9 meses de prisión preventiva contra el presidente de la Sexta Sala Penal para Reos Libres, Juan Emilio Gonzáles Chávez, tras ser acusado de pedir una coima de 4 mil soles del abogado Luis Carlos Simeón Hurtado,  para archivar el proceso de su patrocinado por el delito de estafa. 

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El magistrado del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, encontró graves y fundados elementos de convicción en el delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado, además determinó que existe peligro de fuga, obstaculización de la justicia y la pena es mayor de cuatro años por lo tanto dispuso su internamiento en un penal que disponga el INPE.

El juez supremo, Hugo Núñez Julca, dispuso además que sea suspendido en el ejercicio de sus funciones como juez por un periodo de 5 años.

En la audiencia, el fiscal supremo en lo Contencioso Administrativo, Jesús Fernández Alarcón, Iván Quispe Mansilla formalizó la  investigación preparatoria contra el magistrado, quien fue intervenido en flagrancia el último lunes, en un operativo dirigido por el Ministerio Público tras haber recibido 4 mil soles como producto de un presunto soborno.

El juez superior, Gonzales Chávez, que se desempeñaba como presidente de la Sexta Sala Superior con Reos Libres de la Corte Superior de Lima, fue intervenido, luego de solicitar del pago de 30 mil soles al abogado, Luis Carlos Simeón, para favorecerlo a su patrocinado acusado por estafa.

El magistrado había exigido al abogado que el pago sea en dos partes para archivar un proceso contra personas procesadas por el delito de estafa. Sin embargo, fue denunciado ante la Fiscalía de Control Interno y realizaron el operativo.

La intervención fue encabezada por el fiscal adjunto supremo encargado de la Fiscalía Suprema de Control Interno, Jorge Antonio Bernal Cavero, quien llegó al despacho del magistrado ubicado en el edificio del Poder Judicial de la cuadra 5 de la avenida Abancay.

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El dinero fue hallado debajo de unos expedientes, donde habría sido colocado momentos después de su entrega. Tras la intervención, se pudo confirmar que coincidían con los billetes que previamente habían sido fotocopiados y rociados de reactivo por las autoridades.