Pedirán prisión preventiva para Keiko Fujimori

La abogada de Keiko Fujimori considera que fiscal planteará mantener a su clienta en la cárcel, pero cree que juez debería rechazarlo.

Abogada de Keiko Fujimori explica situación de la lideresa.

12 de Octubre de 2018 5:00 am.

La situación de Keiko Fujimori se complica. Para su propia abogada, Giuliana Loza, es probable que la fiscalía solicite prisión preventiva antes de que se cumplan los diez días de detención preliminar que ordenó el juez Richard Concepción Carchuancho contra su clienta y 19 investigados.
 
“Lamentablemente si es que ha requerido la detención preliminar, a pesar de que está equivocado y sin fundamento, lo va a hacer. Es muy probable que solicite la prisión preventiva, sin duda, eso lo sabemos todos los abogados”, indicó la defensa de Keiko Fujimori.
 
 
Como es público, la lideresa de Fuerza Popular es sindicada como cabecilla de una organización criminal instalada en Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) que habría lavado un millón 200 mil dólares de Odebrecht a través de cócteles y otras actividades.
 
“Si las autoridades judiciales respetan el debido proceso, tendrían que declarar infundado un pedido de prisión preventiva”, añadió Loza.
 
ANALIZA A FISCAL Y JUEZ
 
Quien también se refirió al tema es el abogado penalista César Nakazaki, para quien es inminente que el Poder Judicial dicte la orden de prisión preventiva, al comentar que el referido fiscal solo pide detención preliminar cuando tiene suficientes elementos y que un juez con los antecedentes de Carhuancho es proclive a admitir estas medidas.
 
La abogada Giuliana Loza estima que la actual resolución no tiene los elementos necesarios para que la lideresa de Fuerza Popular permanezca en prisión. “Nosotros consideramos que el juez ha sido sorprendido”, detalló.
 
CASO OLLANTA Y NADINE
 
El caso de Keiko es similar al de Ollanta Humala y Nadine Heredia, para quienes en setiembre de 2017 el juez Concepción Carhuancho ordenó 18 meses de prisión preventiva para investigarlos por presuntamente recibir de Odebrecht US$3 millones para financiar la campaña del Partido Nacionalista en el 2011.
 
 
Al igual que en el caso de Keiko, el magistrado estimó que había peligro de fuga y de obstaculización de la justicia. A los 9 meses, el Tribunal Constitucional anuló la medida, por lo que son investigados bajo comparecencia.