Tribunal Constitucional rechazó hábeas corpus de Edwin Oviedo

El Tribunal Constitucional (TC), rechazó el pedido del presidente de la Federación Peruana del Fútbol, Edwin Oviedo Picchotito para que archiven su investigación que se le siguía en su contra en el Ministerio Público de Lima, por  delito de lavado de activos en agravio del Estado.

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El TC declaró improcedente el pedido de Oviedo argumentando que su investigación se encuentra en etapa preliminar y ha sido declarada complejo.

Edwin Oviedo solicitaba a los magistrados del TC, que se archive la investigación preliminar de la fiscal  Tania Linan Reynafarge, seguida en su contra por el delito de lavado de activos.

Además, pedía que se declare la nulidad de la disposición fiscal de fecha 1 de agosto del 2016, que amplió el plazo de la investigación por el término de 8 meses y que lo declaró complejo por el número de personas investigadas.

Sin embargo, el TC, le rechazó dicho pedido alegando que el caso está en etapa de investigación y que además en esa fecha la Fiscalía de Lavado de Activos, dispuso proseguir con la investigación más allá del plazo máximo y el límite legalmente establecido.

El hábeas corpus interpuesto no está relacionado con una cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional, toda vez que cuestiona un pronunciamiento fiscal y la tramitación de una investigación preliminar fiscal que no están relacionados con el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal materia de tutela de habeas corpus.

El fiscal Adjunto Provincial del Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en Delitos de Lavado de Activos y Procesos de Pérdida de Dominio, Richard Rojas Gómez, investiga a Edwin Oviedo Pichotito, por presunto delito de lavado de activos, presuntamente integrarían una organización criminal, liderada por el empresario y presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, dedicada a lavar activos.

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De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, el modus operandi de esta organización consistiría en crear empresas fachada que simulaban deudas con las empresas Tumán y Pomalca, originando procesos judiciales, con el fin de perpetuarse en la administración.