Ministerio Público citó al ex presidente Alan García para el 7 de enero del 2019

El Ministerio Público citó para el 7 de enero del 2019, al ex presidente Alan García Pérez para que declare por su caso de la concesión del Terminal Portuario del Callao

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Ex presidente Alan García Pérez fue citado por la Fiscalía para el 7 de enero del 2019
Ex presidente Alan García Pérez fue citado por la Fiscalía para el 7 de enero del 2019

Luego que el Gobierno de Uruguay le negó el asilo político, el Ministerio Público citó para el 7 de enero del 2019, al ex presidente Alan García Pérez para que declare sobre las presuntas irregularidades en la concesión del Terminal Portuario del Callao.

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La Fiscalía citó al ex mandatario para que acuda junto a su abogado de su libre elección para el próximo 7 de enero del 2019 a las 10:00 de la mañana, mientras que al ex ministro de Transportes de su segundo gobierno, Enrique Cornejo Ramírez, debe acudir el 11 de enero, a la misma hora.

La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, realizará esta diligencia luego de abrir investigación preliminar contra el ex mandatario - a pedido de la Procuraduría Anticorrupción- tras ser acusado presuntamente de haber facilitado la concesión a la empresa APM Terminals del Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao. 

Junto al ex presidente, el Ministerio Público también investiga a otras 21 personas, acusados por los presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada y negociación incompatible, entre ellos el ex ministro Enrique Cornejo, el detenido ex viceministro Jorge Cuba Hidalgo y los miembros del comité de adjudicación de la buena pro, así como los directivos de la empresa APM, Henryk Lungaard y Klaus Burger, entre otros.

De acuedo a la investigación fiscal, el 1 de abril del 2011 se otorgó la buena pro del concurso pro US$1.900 millones. No obstante, el contrato se firmó con “una serie de beneficios sumamente excesivos para la concesionaria”. 

Los beneficios habrían sido la exoneración del pago de 50% de la recuperación adelantada del IGV y las reducciones de los aportes a la Empresa Nacional de Puertos y a la Autoridad Portuaria Nacional, que habría generado un perjuicio al Estado de US$246’939.764. 

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Al respecto, AMP Terminals emitió un comunicado sobre esta investigación y señalaron que, aunque no recibieron ninguna notificación estás dispuestos a colaborar con las investigaciones del caso. 

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