Ministerio Público allanó inmuebles del fiscal de Lurín por recibir coimas del ex alcalde de Punta Negra

El Ministerio Público de Lima Sur, allanó ayer la oficina y la vivienda del fiscal provincial provisional de Lurín, Rubén Astocóndor Armas, tras ser acusados de recibir dinero del presunto cabecilla de la organización criminal “Los Charlys del Sur”, el ex alcalde de Punta Negra, Willington Robespierre Ojeda Guerra para favorecerlo en sus investigaciones que se realizaba en su despacho por varios delitos.

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La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, a cargo del fiscal Omar Tello Rosales, allanó también la vivienda de la procuradora de la Municipalidad de Punta Negra, Mirtha Olenka Guillen Apumayta, ambos involucrados en actos de corrupción a favor de ex alcalde de dicho distrito quien cumple 36 meses de prisión preventiva tras ser acusado de los delitos de tráfico de terrenos y otros delitos.

La diligencia de allanamiento que se realizó ayer con descerraje, registro domiciliario, incautación y acceso a la información de los bienes incautados, se llevó de forma paralela en el domicilio del magistrado ubicado en calle Las Amatistas Nº 152-154, Urbanización San Eulogio, distrito de Comas, así como en la oficina de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Transitoria de Lurín, ubicada en la urbanización Villa Alejandro, Lurín donde el viene ejerciendo el cargo de jefe de Despacho.

A dicho magistrado se le ha abierto investigación preliminar por el delito de cohecho pasivo específico debido a que en el año 2018 habría cobrado en reiteradas ocasiones sumas de dinero al ex burgomaestre Willington Robespierre Ojeda Guerra a fin de favorecerlo en las investigaciones que su Despacho le seguía por delitos de lesiones, encubrimiento real, abuso de autoridad, entre otros.

Tanto en los dos inmuebles como en la vivienda de Guillen Apumayta, situada en la av. Pirámide del Sol Nº 530 Urbanización Zárate, San Juan de Lurigancho, los fiscales Omar Tello Rosales, Lupe Dextre López y Marina Sandon Alcántara, con el apoyo de 20 efectivos policiales de la División de Alta Complejidad y la Dirección de Inteligencia del Interior, incautaron diversos documentos, los cuales fueron lacrados para su posterior análisis e incorporación a la investigación fiscal.

A la procuradora municipal de Punta Negra, se le acusa del delito de cohecho activo específico, presuntemente porque habría sido la encargada de solicitar dinero al ex alcalde Willington Ojeda para luego entregarlo al fiscal Rubén Astoncóndor. Ambas imputaciones se sustentan en testimonios, documentos y otros actos de investigación.

Las penas que el Código Penal establece para el delito de cohecho pasivo específico, según el artículo 395, segundo párrafo, es de 8 a 15 años de pena privativa de la libertad, mientras que para el delito de cohecho activo específico, según el primer párrafo del  artículo 398 del Código Penal es de 5 a 8 años de prisión.

Cabe precisar que la Fiscalía Superior Anticorrupción solicitó también 7 días de detención preliminar contra ambos investigados. Sin embargo, el Juzgado Superior de Investigación Preparatoria a cargo de la jueza Ana María Manrique Zegarra declaró improcedente dicha medida.

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Tras conocer que el aludido representante del Ministerio Público tiene aún la facultad de ejercer su función en la Segunda Fiscalía Provincial Transitoria Penal de Lurín, el Fiscal Superior de Control Interno del Distrito Fiscal de Lima Sur, Tony García Cano, informó que ha solicitado copia de los actuados a la Fiscalía Anticorrupción, a fin de abrir el respectivo proceso administrativo el cual podría concluir con el pedido de destitución del magistrado investigado.