El 87% de directores que sufren extorsiones no realiza denuncia

Cecilia Buzzio S.

“Solo tratamos de ayudar a nuestro distrito con la educación, pero no podemos vivir así, amenazados. Los extorsionadores son dueños de nuestras vidas. Cuántas muertes más faltan para que las autoridades hagan algo”. 

Son palabras llenas de miedo, pero también de impotencia. Le pertenecen a uno de los pocos directores de colegios particulares que se animó a hablar, pero bajo el anonimato. “He perdido la fe en la policía”, resalta.

PRIMA EL SILENCIO 

Este profesor, casado y padre de dos adolescentes, pertenece al 87% de directores que no denuncia las extorsiones por temor a represalias, indica el ex general PNP (r) Eduardo Pérez Rocha. 

“Son cifras que vienen del 2014. La población se siente desprotegida y prefiere no denunciar, siente que nadie podrá ayudarla”, advierte el especialista. 

Tras el crimen de dos vigilantes y un director en menos de 48 horas en San Juan de Lurigancho, que alberga 400 planteles particulares, se supo que más de 40 de ellos recibieron amenazas.

PAGAR POR SEGURIDAD 

La sensación de vulnerabilidad afecta no solo a las autoridades de los centros educativos privados. Los alumnos tampoco se salvan de la delincuencia común. 

Edgardo Palomino, presidente de la Asociación de Colegios Particulares (Acopril), explica que por ello deben contratar seguridad particular.  

“Estamos olvidados, son muchos los casos de extorsión en casi todos los distritos. Muchos contratamos vigilantes, pero hay planteles pequeños que no tienen presupuesto suficiente”. 

“Otra problemática es que nuestros chicos son víctimas de robo en los exteriores de los colegios. Les quitan sus mochilas y dinero, la policía y el serenazgo no se dan abasto”, advierte. 

DISTRITOS VULNERABLES 

Las zonas más afectadas son las que tienen mayor población e insuficiente presencia policial. SJL es un ejemplo claro. Solo dos mil agentes para más de un millón de vecinos. 

“San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Los Olivos, Comas, Puente Piedra y Villa El Salvador tienen la mayor cantidad de casos”, dice Pérez Rocha. 

DELITO CON PENAS ALTAS

El abogado penalista Roberto Miranda señala que las penas para estos delitos son severas. “Van de 10 años a cadena perpetua. En el caso de los vigilantes asesinados, los criminales podrían recibir perpetua porque hay el agravante de asesinato por lucro”. 

Sin embargo, hay un problema de fondo: es difícil identificar al autor y la recolección de pruebas recae sobre la víctima. 

“Ellos mismos deben grabar llamadas y guardar los mensajes para solicitar que se levante su secreto de las comunicaciones. Recién ahí la policía interviene”, concluye el letrado. 

Si esta situación no cambia, las voces llenas de impotencia seguirán callando.

"DEFICIENCIAS EN LA POLICÍA"

Pérez Rocha recuerda que las extorsiones empezaron en el norte del país (Trujillo, Chiclayo y Chimbote), pero que han migrado ante la débil acción policial y del aparato judicial. “La policía no está preparada para frenar esta situación”, señaló.