Pedro Castillo: Poder Judicial dispuso incluir a la Procuraduría en la investigación por rebelión

El Poder Judicial confirmó la resolución que ordena incluir a la Procuraduría General del Estado, como actor civil o parte agraviada en la investigación seguida contra el ex presidente ex presidente de la república Pedro Castillo Terrones, la ex premier Betssy Chávez Chino, el ex asesor Aníbal Torres por el golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre del 2022.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República resolvió declarar consentida la resolución Nro. 4 emitida el 27 de junio del 2023 que admite el pedido de la Procuraduría como actor civil o parte agraviada en dicha investigación.

Además en esta investigación están comprendidos los ex ministros Willy Huerta Olivas y Helbert Sánchez Palomino. Todos los procesados son acusados por el presunto delito de rebelión y alternativamente por el delito de conspiración, así como por el delito contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad y contra la paz Pública - grave perturbación de la tranquilidad pública.

El juez, Juan Carlos Checkley emitió su fallo luego que las partes procesales no interpusieron recurso de apelación a la disposición judicial, en el plazo de tres días hábiles. Es decir, con dicha conducta procesal se denota su conformidad con lo resuelto; por lo que, corresponde declarar consentida la resolución en referencia.

La Procuraduría General del Estado hizo este pedido para garantizar el pago de una reparación civil que deberán pagar los procesados a favor del Estado en caso que sean condenados por el delito de rebelión o alternativamente conspiración.

La Procuraduría General del Estado pide que los investigados paguen una reparación civil de más de 67 millones de soles, por el daño material y extrapatrimonial que provocó el intento de Pedro Castillo por cerrar el Congreso de manera ilegal.

Mientras que por los delitos de rebelión y abuso de autoridad piden 17 millones 711 mil 48 y por el delito de grave perturbación de la tranquilidad plantea 50 millones de soles.