Poder Judicial dictó prisión contra jueza metida en organización criminal que se robó dinero de jubilados

La jueza Rosmery Velásquez Cano, ex funcionarios del MEF, de la ONP y abogados, acusados de integrar una organización criminal que se apoderaron del dinero de los jubilados, permanecerán 36 meses en prisión por orden del Poder Judicial

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Poder Judicial dictó prisión contra jueza Rosmery Velásquez Cano y otros por formar una organización criminal
Poder Judicial dictó prisión contra jueza Rosmery Velásquez Cano y otros por formar una organización criminal

El Poder Judicial de Lima, ordenó 36 meses de prisión preventiva contra la ex jueza supernumeraria del 16 Juzgado Transitorio Laboral de Lima Rosmery Velásquez Cano, ex funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Oficina Nacional Previsional y abogados, por formar una organización criminal para apoderarse del dinero de los jubilados.

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El Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dispuso 36 meses de prisión preventiva contra cinco personas, entre ellos abogados y ex funcionarios, implicados en presuntos actos de corrupción y lavado de activos en agravio de la Oficina Nacional Previsional (ONP), al  beneficiarse indebidamente con 21 millones de soles del Estado.

La medida comprende al abogado Hernán Costa Alva y su hijo Néstor Costa López, los ex funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Jorge Noziglia Chávarri y de la Oficina Nacional Previsional (ONP), Ricardo León Dueñas, así como de la ex jueza supernumeraria Matilde Velásquez Cano.

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Costa Alva y León Dueñas no acudieron a la audiencia, por lo que la magistrada del Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, María de los Ángeles Álvarez Camacho, a cargo del caso, ordenó su inmediata ubicación y captura para el cumplimento de la disposición.  

La jueza consideró que el plazo de 36 meses se justifica debido a que se trata de una organización criminal y por la complejidad del proceso.

Durante la audiencia, el fiscal Domingo Pérez Gómez, señaló que la  investigación empezó el 2016 a raíz de un juicio por pago de pensiones entablado por la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Empresa Nacional de Puertos (Acjenapu) contra la ONP.

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El abogado Hernán Costa Alva cobró 21 millones de soles como honorarios profesionales para lograr que los jubilados reciban los pagos que el Estado les adeudaba. Pero para ganar un fallo judicial se contactó y sobornó a la jueza quien lo favoreció y con los funcionarios del MEF para que le provea los fondos y la ONP disponga el pago.

Es así que la jueza Martha Cecilia Hinostroza Bruno ordenó a la ONP que ejecutará el pago de pensiones devengadas a los pensionistas de la ACJENAPU oficiando para que el MEF adelante la calendarización de pago para que se cumpla con la sentencia.

Es así que la jueza del 13 Juzgado Contencioso Administrativo de Lima ordena que la ONP proceda a abonar a los devengados e intereses legales a los pensionistas asociados al ACJENAPU.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Por lo tanto se llegó a determinar que los procesado habrían constituido una organización criminal que tenía entre sus fines obtener beneficios indebidos a través de su intervención en los procesos judiciales de beneficios laborales y/o pensionarios en los que se buscaba comprar la voluntad de los funcionarios públicos encargados de viabilizar las transferencias de fondos o modificar las partidas presupuestales en las entidades estatales.

Es así que Jorge Noziglia Chávarri en su condición de Director de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, habría sido captados por la Organización Criminal liderada por el abogado Hernán Manuel Costa Alva, para emitir opinión favorable acerca de la habilitación de partidas presupuestales para el pago de beneficios sociales en la audiencia judicial del expediente Nro, 31-2009 de fecha 6 de setiembre del 2016.

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Con ello lograr que el Estado desembolsará ingentes cantidades de dinero a favor del abogado, quien posteriormente ha tratado de darles apariencia de legalidad, transfiriendo u ocultando el dinero indebidamente recibido.

Asimismo, se habría determinado que la jueza Martha Cecilia Hinostroza Bruno, tendría una amistad con la ex magistrada del 16 Juzgado Transitorio Laboral de Lima Rosmery Velásquez Cano, quien se benefició con dinero ilícito.

Luego los investigados realizaron una serie de acciones para que el Ministerio de Economía y Finanzas habilite los fondos a la ONP y ejecute el pago ordenado por el Poder Judicial.

Además, según Pérez Gómez, el abogado Costa Alva luego de recibir honorarios por su patrocinio a la mencionada asociación por un monto de 19 millones 359 mil 310 soles, realizó diversas transferencias a cuentas de sus coimputados.

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Tal es así que Costa Alva transfirió 750 mil soles a Noziglia Chávari y 200 mil soles a Velásquez Cano. Asimismo, trasladó a una cuenta vinculada con el ex funcionario León Dueñas, la suma de 520 mil soles.

Al término de la audiencia, los abogados de los procesados  interpusieron un recurso de apelación, que será visto por una Sala Superior Anticorrupción para determinar si continúan en prisión.

El abogado Hernán Costa Alva cobró como honorarios profesionales ese monto, para lograr que los jubilados reciban los pagos que el Estado les adeudaba. Pero este abogado se contactó y sobornó a la jueza para que emita un fallo judicial favorable y con los funcionarios del MEF le provea los fondos y la ONP disponga el pago.

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