Poder Judicial dictó prisión preventiva para policía por crimen de juez de Trujillo

El Poder Judicial de Trujillo, dictó 9 meses de prisión contra del suboficial PNP, Arnaldo Augusto Linares Olivares, tras ser acusado presuntamente de participar en el asesinato del juez de Paz de Huanchaco, Vicente Contreras Barros, el pasado 29 de mayo.

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Poder Judicial de Trujillo dictó 9 meses de prisión contra suboficial PNP, Arnaldo Augusto Linares Olivares
Poder Judicial de Trujillo dictó 9 meses de prisión contra suboficial PNP, Arnaldo Augusto Linares Olivares

El Poder Judicial de Trujillo, dictó 9 meses de prisión contra del suboficial PNP, Arnaldo Augusto Linares Olivares, tras ser acusado presuntamente de participar en el asesinato del juez de Paz de Huanchaco, Vicente Contreras Barros, el pasado 29 de mayo. 

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En audiencia, la fiscal provincial de Trujillo, Sara Carola García Arrascue, precisa que durante las primeras investigaciones se ha  logrado establecer que el crimen ocurrido en el centro poblado menor "Víctor Raúl", en Huanchaco, se habría perpetrado con el arma y la motocicleta de propiedad del agente policial.

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Además, el resultado de las pericias indica que el análisis de los casquillos hallados en la escena del crimen, determinó la coincidencia con el arma marca Glock de 9 milímetros, de serie UAM-562, es de propiedad del suboficial que desempeñaba funciones en la comisaría de Miramar. 

De este modo se pudo determinar que dicho vehículo, marca Yamaha, modelo FZ, color azul, estaba inscrita a nombre de Linares Olivares. 

Asimismo, la magistrada de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, requirió información a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, a fin de indentificar al propietario de la motocicleta descrita por los testigos del asesinato.  

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Sin embargo, durante sus interrogatorios, el imputado aceptó haber comprado la referida motocicleta en el año 2013, pero que ya no sería de su propiedad, pues la habría vendido a uno de sus colegas hace aproximadamente cinco meses. 

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Según consta en la carpeta fiscal, la investigación preparatoria se adecua al presunto delito de fabricación, comercialización, uso o porte de armas, que es sancionado con una pena no menor de 10 ni mayor de 15 años de cárcel, además de la inhabilitación para desempeñarse en funciones públicas. 

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