Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra socios de Odebrecht

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra cuatro representantes de las empresas constructoras Graña y Montero, JJ Camet Contratistas Generales S.A., e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), socias de la empresa brasileña Odebrecht, que pagaron coimas a los funcionarios peruanos para beneficiarse con la obra interoceánica Sur.

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El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dispuso esta medida contra Fernando Camet Piccone (JJ Camet) y José Castillo Dibós (ICCGSA), Hernando Graña Acuña y José Graña Miró Quesada (los dos de Graña y Montero), investigados por los delitos de lavado de activos y colusión.

Ninguno de los empresarios estuvo presente en la audiencia que se realizó en la sede de la Sala Penal  Nacional, solo estuvieron sus abogados.

Por este motivo, el juez Richard Concepción Carhuancho, al culminar la audiencia a las 3 de la mañana, ordenó su búsqueda, ubicación y captura de los procesados para ser internados en un penal, mientras la Fiscalía concluye con la investigación preparatoria.  

Asimismo, el magistrado impuso la medida de comparecencia restringida (arresto domiciliario) contra el empresario Gonzalo Ferraro Rey (Graña y Montero), investigado por el delito de lavado de activos.

El abogado de Ferraro Rey, presentó documentos que acreditarían que su defendido está hospitalizado por padecer de cáncer y que será intervenido quirúrgicamente, y luego sometido a sesiones de radioterapia y quimioterapia.    

Cabe señalar que el juez Concepción Carhuancho adoptó la decisión después de escuchar ayer domingo los fundamentos de fiscal Hamilton Castro Trigoso para imponer la medida cautelar, así como a la defensa legal de los empresarios.

El fiscal Hamilton Castro atribuye a los representantes de las citadas empresas haber entregado a favor de Odebrecht 15 millones 083 mil 805 de dólares, como parte del pago de un soborno al ex presidente Alejandro Toledo (equivalente a 20 millones de dólares), por la entrega de la buena pro para la construcción de la Carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3).

Para sustentar su pedido de prisión preventiva, el fiscal presentó diversos elementos de prueba, principalmente, el testimonio del colaborador eficaz y representante de Odebrecht en Perú, Jorge Simoes Barata, quien señaló que los representantes de dichas empresas tenían pleno conocimiento del pago del soborno.

Castro Trigoso refirió que si bien los empresarios no integran una organización criminal, sin embargo, sí están vinculados con la empresa brasileña, la cual es considerada una organización criminal internacional.   

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Empero, los abogados Eduardo Alcócer Povis, José Caro Jhon, Róger Yon Ruesta, Sophia Icaza Izquierdo y José Rodríguez Robinson, defensores de los procesados, coincidieron en sostener que no están cumplidos los presupuestos procesales para dictar la medida contra sus defendidos.

Rodríguez Robinson, incluso, consideró que el requerimiento fiscal ha sido producto del ”arrinconamiento político” del que es objeto el Ministerio Público con una acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez y una denuncia de la congresista Yeni Vilcatoma contra el propio Hamilton Castro.