Susana Villarán: Poder Judicial confirma allanamiento de estudio de abogados del caso Línea Amarilla

Por mayoría, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la resolución de primera instancia que declaró fundado requerimiento fiscal de allanamiento, registro domiciliario con medida de descerraje con fines de búsqueda de prueba e incautación, en el Estudio Echecopar, vinculado a la ex alcaldesa de la Municipalidad de Lima Susana Villarán y el caso Línea Amarilla.

Esta pedido se presentó, en el marco de la investigación seguida contra la ex alcaldesa de la Municipalidad de Lima, Susana Villarán y otros por presunto delito de colusión, vinculada a la concesión del proyecto Línea Amarilla.

En este caso, el Tribunal declaró infundado recurso de apelación presentado por la defensa del Estudio Echecopar.

El voto en mayoría confirmó la resolución de primera instancia, al no advertir la presencia de vicios denunciados por el recurrente respecto de falta de necesidad del allanamiento, afectación desproporcionada al derecho al secreto profesional, falta de suficientes elementos de convicción y falta de motivación suficiente en el test de proporcionalidad.

En cambio, el voto en minoría considera que en la resolución de primera instancia no se aplicó ni explicó adecuadamente el principio de proporcionalidad para cada una de las empresas involucradas (Línea Amarilla S.A.C., Vinci Highways Perú S.A.C. y Estudio Echecopar) en la medida de allanamiento e incautación dispuesta, verificándose que el test de proporcionalidad no se configura para el Estudio Echecopar.

“En nuestro sistema jurídico, si se llega a determinar que la medida de restricción de derechos como, en este caso, la inviolabilidad del domicilio entre otros, que solicita el titular de la acción penal no pasa el test de proporcionalidad, no es posible decretarlo”, concluye.

Por este caso, la Fiscalía solicitó allanar el Estudio Echecopar ubicado en la Av. Los Conquistadores Nro. 1118, interior 6, urbanización Santa Cruz del distrito de San Isidro, porque en dichas oficinas se habrían realizado reuniones entre las partes vinculadas a la transferencia de acciones de Línea Amarilla en 2016, y habrían brindado una respuesta negativa al pedido del Ministerio Público sobre la información, argumentando que es secreto profesional.