Ministerio Público: piden 10 años de cárcel para ex funcionarios del gobierno regional de Puno

El Ministerio Público de Puno, solicitó 10 años de prisión contra dos ex funcionarios del gobierno regional  por sus presuntos vínculos con irregularidades en el pago de cerca de 52 mil soles, para la realización de capacitaciones del Proyecto “Desarrollo de Capacidades Humanas para la Conservación y Uso Sostenible de los Recursos Naturales de la Región Puno” , que nunca se realizaron en el 2011.

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La Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, acusa al jefe del proyecto denominado "Desarrollo de Capacidades Humanas para la Conservación y Uso Sostenible de los Recursos Naturales de la Región Puno", Luis Ronquillo Atencio y el gerente regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Roger Cahua Villasante por el presunto delito de colusión agravada. 

Además, el magistrado del Ministerio Público, solicita 9 años de prisión para los capacitadores David Danz Cruz, Hugo Llano Mamani, Beatriz Cutipa Llanque, César Concepción Rodríguez Aguilar y Edwin Nelson Mamani Vilcapaza, tras sindicarlos como presuntos cómplices. 

Según la acusación presentada por la Fiscalía, los hechos se habrían dado en el mes de diciembre del año 2011 cuando el investigado Luis Adoniram Ronquillo Atencio quien se desempeñaba como Jefe del Proyecto “Desarrollo de Capacidades Humanas para la Conservación y Uso Sostenible de los Recursos Naturales de la Región Puno”, habría solicitado irregularmente el pago de 52 mil soles a favor de los cinco capacitadores del proyecto, pese a que no habrían cumplido con el número total de talleres para los que fueron contratados. 

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Dichas actividades contemplaban la realización de 20 capacitaciones por cada profesional, es decir, un total de cien eventos. 

Pese a este incumplimiento, el funcionario habría dado la conformidad del servicio, exigiendo el pago correspondiente al gerente regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Roger Cahua Villasante, quien finalmente ordenó el desembolso de 10 mil 400 soles para cada capacitador, como si hubieran cumplido la totalidad del servicio. 

La investigación fiscal permitió establecer que posteriormente se habría intentado subsanar dicha irregularidad, tratando de insertar documentación en los expedientes de conformidad del servicio.