Poder Judicial confirmó prisión contra miembros del "Club de la Construcción"

El Sistema Anticorrupción del Poder Judicial, confirmó los 18 meses de prisión preventiva contra 4 miembros del "Club de la Construcción", entre ellos el ex asesor del viceministro del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Carlos García

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El Poder Judicial ratificó prisión contra miembros del Club de la Construcción
El Poder Judicial ratificó prisión contra miembros del Club de la Construcción

El Sistema Anticorrupción del Poder Judicial, confirmó los 18 meses de prisión preventiva contra los miembros del "Club de la Construcción", el ex asesor del viceministro del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Carlos García Alcázar, acusados por el delito de lavados de activos y tráfico de influencias.

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Asimismo, el Colegiado A del Sistema Contra la Corrupción que preside la jueza Susana Castañeda Otsu ratificó la resolución del Primer Juzgado Nacional de Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción- contra Rodolfo Prialé (representante del club), Elard Tejeda (empresa Obrainsa) y Luis Prevoo (socio de Prialé), acusados por el presunto delito de tráfico de influencias, lavados de activos en agravio del Estado.

Este tribunal, revocó la prisión preventiva por comparecencia restringida  contra Félix Málaga y le impuso cumplir varias reglas de conducta como presentarse cada 15 días a firmar en la oficina de Control Biométrico del Poder Judicial, no puede ausentarse del lugar de su residencia, sin previa autorización del Juzgado y pagar una caución de un millón de soles en un plazo de siete días. 

Además, el imputado Félix Málaga tampoco no podrá acercarse a cualquier local de las empresas vinculadas de los otros imputados, así como no acercarse a sus domicilios y no comunicarse con cualquiera de los acusados. En caso de incumplimiento a estas reglas de conducta se le revocará la medida por prisión preventiva.

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La hipótesis fiscal indica de que el denominado "Club de la Construcción" lo conformaron importantes empresas constructoras del país, entre los años 2011 y 2014, para beneficiarse vía acuerdos ilegales y licitaciones fraudulentas de contratos de obras públicas.

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