Poder Judicial dictó prisión preventiva contra banda de traficantes de madera en Junín

El Poder Judicial de Junín, dictó 18 meses de prisión preventiva contra la organización criminal denonimada “Los castores de la Selva Central”, integrada por un clan familiar, entre ellos un empresario y funcionarios de Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor-Satipo), acusados de traficar ilegalmente  productos forestales de madera.

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El juez de investigación preparatoria de Satipo, Cristhian Periche Rumiche, encontró graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los procesados con varios delitos como asociación ilícita, falsificación de documentos, falsedad genérica ideológica, cohecho activo genérico y encubrimiento personal.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Satipo (Junín), dispuso además que existe peligro de fuga, obstaculización de la justicia y como la pena que podrían ser condenados es mayor de cuatro años por lo tanto dispuso su internamiento a un penal que disponga el INPE.

La medida restrictiva comprende a los esposos Dorty Nélida Porras Anchiraico de Bottger y Werner Herber Bottger Waller, a la hija, Karla Borthy Bottger Porras y al yerno Dayton Frankie Nano Abel.

También al administrador técnico forestal y de fauna silvestre de Satipo, José Luis Crispín Llanco, al facilitador de la documentación ilegal, Nery Efraín Talavera Mallqui y al empresario maderero Alfredo Deyvis Falcón Romero.

Asimismo, impuso la medida de comparecencia con restricciones a Jacob Jeremías Yarasca Gamboa, Raúl Santos Quispe Curasma y otros.

De acuerdo con las imputaciones formuladas por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Junín, ellos integrarían la organización “Los castores de la Selva Central” dedicada al tráfico ilegal de productos forestales maderables.

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público refirió que la extracción ilegal de madera es realizada en áreas de terreno previamente seleccionadas por los taladores, para lo cual la organización criminal contaba con el apoyo de personas naturales y de jefes de comunidades nativas.

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Luego, con argucias y trámites irregulares, previa coordinación con los funcionarios de Serfor Satipo-Chanchamayo y Serfor Soda-Atalaya, daban legalidad a la madera obtenida ilegalmente para su posterior comercialización en Lima y otras localidades.